Con un promedio de 22 millones y medio de pesos otorga por año el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología por diversas multas impuestas a partidos políticos.
Algunos académicos consideran que falta transparencia en el ejercicio de estos fondos, que no deben ser solo ‘un respiro’ para organismos como el COECYT o la Secretaría de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, sino un incentivo.
“Es deseable siempre apoyar en todo lo que cabe a la ciencia y tecnología, pues México es un país que se queda muy corto con el financiamiento. Está bien estos esfuerzos con las multas de los partidos, pero hasta el momento no está claro en qué medida está siendo positivo y haría falta ver cuánto se fue tanto a los estados como a nivel federal”, dijo Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo y rector de la Universidad Iberoamericana Torreón.
Resaltó que hace falta mayor información pública sobre en qué se usan estos recursos para evaluar su efectividad.
“Nos hace falta un informe muy detallado de qué tanto están ayudando las multas de los partidos para la ciencia y tecnología; por ahora no conozco si está funcionando o no”.
Miguel Ángel Hernández Muñiz, maestro en Derecho Electoral, coincidió y aseguró que traducir las multas electorales en recursos para la ciencia y tecnología fue un acierto en su momento del Congreso de la Unión, pero en ocasiones parece que los gobiernos locales y federal pretenden que gran parte del apoyo al rubro recaiga en ese mecanismo.
“Creo que es una buena decisión, pero es insuficiente si tomamos en cuenta el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestro estado o el país. La cantidad de recursos que reciben de por sí son insuficientes por la gama de problemas que tenemos; sí es un alivio las multas, pero es insuficiente porque tendrían que invertir más”.
Destacó que la pandemia por el coronavirus expuso la necesidad de apostarle más a la ciencia y tecnología, pero a los gobiernos estatales y el federal no les quedó claro como una forma de consolidar beneficios a la población en salud y medio ambiente.
“El porcentaje de inversión debería ser más amplio y suficiente para impulsar el desarrollo científico del estado y el país. Ya tuvimos la oportunidad a través de la crisis que nos ofreció el covid y nos quedamos cortos”.
Según la dependencia en la respuesta a la solicitud de información, con estos fondos fueron financiados 92 proyectos, entre ellos ciclos de cine, el premio estatal de ciencia, becas, foros, talleres y el centro de cultura científica.
“Se han destinado a proyectos que estén relacionados con la ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una cultura científica, tecnológica y de innovación, a través de la inversión en investigación, formación de capital humano, comunicación pública de la ciencia y la vinculación con todos los sectores de la sociedad para elevar la competitividad del estado”, establece vía el oficio de respuesta a la solicitud con folio 800094800000126.
En entrevista en enero, Mario Valdés Garza, director del COECYT, destacó que estos recursos sirven como una manera de subsidiar proyectos ante la falta de recursos federales, aunque dijo que lo que viene a las multas ha ido a la baja.
“Ha ido a la baja con respecto a años anteriores, pero nos siguen llegando recursos y esperamos que ahora con las nuevas elecciones nos caigan más recursos para tener más proyectos. Traemos varios proyectos, uno de ellos tiene que ver con una convocatoria que estamos por sacar para las universidades tecnológicas y politécnicas con respecto a la parte de energías renovables con una inversión de 12 millones”.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 15 causales para multar a un partido político; entre ellas, incumplir las obligaciones en materia de financiamiento, no presentar informes de campaña o precampaña electoral, realizar actos anticipados de campaña o precampaña y exceder los topes de gastos de campaña.
Marco Antonio Yeverino Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de Coahuila y representante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, dijo que el INE es el que determina las multas, pero los órganos locales son quienes las cobran porque son los que otorgan el financiamiento a las fuerzas políticas.
“Primero están las amonestaciones públicas, que son la manera de señalar que un partido político cometió una falta, pero después viene la imposición de multas, que es la parte más fuerte, mismas que se imponen de 1 a 10 mil Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, si ahorita tenemos la UMA en 117 pesos con 31 centavos, estamos hablando de que pueden ser de hasta un millón 173 mil 100 pesos por conducta”.
Precisó que, de ser el caso, las multas pueden alcanzar hasta el 50 por ciento de las ministraciones del financiamiento público que reciben los partidos políticos, además de quitarles la propaganda electoral y, en los casos extremos, llegar a la cancelación del registro como partido.
“Ese dinero que se les descuenta va a dar al órgano de ciencia y tecnología que en nivel local es el COECYT, se entrega de forma mensual por las multas que se imponen y es por parcialidades”.
El funcionario electoral refirió que la revisión e imposición de multas lleva un mes de desfase, es decir, las que son aplicadas este año corresponden al de uno anterior para que el INE tenga el tiempo suficiente de fiscalizar a los partidos políticos en las 32 entidades federativas.
“La ley nos señala la obligación de emitir ese recurso por concepto de multas al órgano de ciencia y tecnología, pero no tenemos la facultad de fiscalizar lo que hacen con eso”.
Yeverino Rodríguez expuso que las principales causas por las que el INE le impone multas a los partidos tienen que ver con incumplimientos en los reportes de fiscalización que deben presentar de manera periódica con al menos el 50 por ciento de los casos.
“La multa que más se repite por lo que he estado observando es por el incumplimiento de comprobación de ingresos, pero la más cara es la que tiene que ver con actos anticipados de campaña”.
El COECYT precisa en la respuesta a la solicitud de información que en 2017 recibieron 11 millones 561 mil 978.11 pesos, en 2018 fueron 48 millones 332 mil 695.78 pesos, en 2019 fueron 36 millones 903 mil 008.95 pesos, en 2020 fueron 14 millones 595 mil 367.61 pesos, en 2021 fueron 22 millones 357 mil 714.09 pesos, en 2022 fueron 22 millones 438 mil 859.45 pesos.
En 2023 fueron 25 millones 155 mil 075.12 pesos, en 2024 fueron 12 millones 076 mil 254.43 pesos y en 2025 fueron 9 millones 558 mil 017.99 pesos.
El 2025 fue el año con más proyectos financiados al llegar a 16, le sigue 2017 con 14, 2022 con 12, 2018 con 11, 2019 con 11, 2024 con 10, 2023 con 7, 2020 con 6 y 2021 con 5.
