El presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó un decreto que amplía las sanciones dirigidas al gobierno de Cuba, medida que fue confirmada por funcionarios de la Casa Blanca, y contempla acciones contra personas y entidades relacionadas con el aparato de seguridad, así como contra quienes sean señalados por actos de corrupción o violaciones a derechos humanos.
El alcance del decreto no detalla aún los nombres de los individuos o instituciones que serán afectados. Las disposiciones también incluyen a agentes, funcionarios y simpatizantes vinculados al sistema político cubano.
Estas acciones se suman al embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1962.
A inicios de 2026, el mismo gobierno firmó otra orden que establece aranceles adicionales a países que comercialicen petróleo con la isla, como parte de una política de presión en el sector energético.
Las sanciones se agregan a restricciones financieras y comerciales que limitan operaciones internacionales de Cuba.
En el ámbito internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas han emitido resoluciones que solicitan el fin del embargo.
La relatora Alena Douhan también ha señalado efectos en condiciones de vida de la población.
