Coahuila continúa sin cumplir esa obligación. La entidad se mantiene entre las 11 entidades rezagadas, señaló Areli Carreón, vocera de la Coalición Movilidad Segura.
“No existe justificación para que el Congreso de Coahuila no proceda; ya lleva tres años en esta situación”, afirmó.
Carreón recordó que la Ley General es resultado de años de trabajo de organizaciones civiles y está alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Tenemos por primera vez una ley nacional acorde a las mejores prácticas, basada en técnica y ciencia, para prevenir lo que nos arrebata vidas en la movilidad cotidiana”, explicó. En México mueren alrededor de 16 mil personas al año por siniestros viales, buena parte de ellas jóvenes de hasta 29 años.
Advirtió que, Coahuila no armonice su marco jurídico, las autoridades estatales y municipales carecen de herramientas claras para actuar. “Si las leyes locales no dicen lo mismo, no reconocen sus obligaciones ni tienen las atribuciones adecuadas, no pueden hacer lo necesario para salvar vidas”, señaló. Esa falta de claridad, dijo, provoca que cada instancia “diluya” responsabilidades y se detenga la ejecución de medidas probadas de seguridad vial.
La organización Céntrico elaboró una evaluación con 57 criterios agrupados en 10 ejes. De acuerdo con su revisión, Coahuila solo cumple 3 de esos 10 ejes y suma 18.5 de 57 puntos posibles, con la mayoría de los criterios en rojo. “Coahuila reprueba; su Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, que es de 2017 y tuvo una reforma en 2025, no tiene lo necesario para salvaguardar la vida”, comentó Carreón.
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La Ley General estableció en su segundo artículo transitorio un plazo de 180 días para que los congresos locales ajustaran su legislación. “No solo Coahuila no lo hizo en los 180 días que marca la ley; lleva tres años adicionales sin modificar su ley local”, subrayó. Añadió que incluso el ciclo electoral se usó como argumento para aplazar el tema, pese a que “ya hubo tiempo suficiente para atenderlo”.
Carreón insistió en que el retraso tiene efectos directos: sin una ley estatal alineada, no cambian presupuestos ni programas. “Mientras no se incorporen las medidas que sabemos que pueden salvaguardar la vida, las personas se van a seguir lesionando y muriendo en las calles de Coahuila”, dijo. Recordó que la movilidad segura es un “derecho llave” que permite ejercer educación, salud, trabajo, cultura y esparcimiento.
Vinculó el rezago con otras agendas nacionales e internacionales. Consideró que mejorar la movilidad abona a la reducción de emisiones, al combate a la desigualdad y a la atención de la pandemia de obesidad y sobrepeso. “Le pides a la gente que haga ejercicio, pero no puede caminar porque no sabe si la van a atropellar ni andar en bici porque no sabe si la van a respetar”, expuso.
Sobre quién debe mover la reforma, Carreón señaló que la responsabilidad es compartida entre el Congreso y el Ejecutivo. “El gobernador tiene la atribución legal de presentar una propuesta; podría, con estos documentos que ya hicimos como sociedad civil, decir qué le falta a la ley del estado y cómo cambiarla. No vale decir ‘no sé por dónde empezar’ porque el trabajo está hecho”, aseguró.
Se señaló que en Coahuila han surgido diversos colectivos ciudadanos —no necesariamente ligados al tema de movilidad— que han comenzado a presionar a las autoridades gubernamentales en distintos temas. Sobre esa posibilidad, Carreón consideró que la participación social es indispensable. Recordó que entre las herramientas disponibles se encuentra presentar quejas ante la Comisión de Derechos Humanos estatal para exigir explicaciones sobre la falta de armonización.
“Hay que preguntar quién preside la comisión de movilidad, cuántas veces ha sesionado y por qué no ha abordado este tema”, planteó.
La activista explicó que, según testimonios que ha recibido de integrantes de colectivos en la entidad, buena parte de la dinámica legislativa se alinea a las prioridades marcadas por el Ejecutivo estatal. “Mientras no sea una prioridad del Gobierno del Estado, avanzar es muy complicado, porque nadie quiere salirse del guion”, comentó.
Carreón cerró señalando que cada año de inacción profundiza la deuda con la población. “Cada día hay personas lesionadas y muertas; cada año que pasa en esta situación los derechos de los coahuilenses siguen vulnerados. Es inadmisible”, dijo, al reiterar que la movilidad no es un tema marginal, sino una condición para que la gente pueda vivir mejor.
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