Reciente investigación de Latinus reveló que guardias de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA), encargados de la seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el pasado lunes 27 de marzo, cuando un incendio cobró la vida de 39 migrantes.
Trascendió que SEICSA pertenece a Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León. Asimismo,el funcionario ha obtenido contratos por más de 3 mil millones de pesos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pasado 15 de febrero cuando Latinus publicó un documento donde revelan que el gobierno de AMLO y la misma Fiscalía General de la República (FGR), habrían entregado más contratos a SEICSA desde el 2019, cuando Valdés Cabrera fue nombrado cónsul honorario, por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
Durante la conferencia de la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, el nombre de la empresa encargada de la seguridad en el centro migratorio no fue revelado, se dijo que sus operaciones en México cesarían.
La funcionaria apuntó que se realizarían las investigaciones pertinentes para confirmar que dicha empresa tuviera los permisos necesarios para operar en el país, así como qué tipo de contrato firmó el Instituto Nacional de Migración (INM).
Latinus cita que, según un medio local, tres empleados de SEICSA se encontraban rindiendo declaración ante la FGR, debido a su participación el día del incidente, que también dejó a 29 personas lesionadas.
Al visitar el recinto, localizado en la calle Ignacio Rayón, SEINCSA estaba cerrada con candado en pleno horario laboral, y al llamar los teléfonos, nadie contestó, apenas el pasado 16 de febrero.
Vecinos de la zona apuntaron que rara vez se veía al personal de la empresa, y había días en los que sí abrían, y otros simplemente no, o abren tan sólo algunas horas.
Dentro del local, había mobiliario de oficina y, fuera del mismo, un vehículo con logos e información de la empresa, pero con placas de Nuevo León.
Nicaragua y Coahuila tuvieron diversos encuentros, especialmente, cuando el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, visitó el estado, gobernado entonces por Rubén Moreira.
Según antiguos reportes, no es la primera vez que SEICSA es señalado por violaciones a los derechos humanos, principalmente en sucesos que involucran a migrantes.
Lo dice un informe de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual fue enviado a la ONU en 2016, donde recuentan al menos 10 agresiones de empleados de SEICSA y CUSAEM a migrantes.
Luego, en 2017, ocho organizaciones civiles también enviaron un informe a la ONU, donde señalaban al personal de SEICSA, contratada por Ferromex; los elementos intimidaban a defensores y voluntarios del colectivo Estancia del Migrante González y Martínez.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también puso el ojo sobre SEICSA, pues el personal estuvo relacionado con la agresión a un migrante hondureño en la estación “Las Agujas”, también del Instituto Nacional de Migración (INM), pero en Ciudad de México.
Cabe reiterar que SEICSA ha sido contratada por dependencias como la Fiscalía General de la República, el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y, según Latinus, una decena de oficinas federales.
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