Los casos de despojos continúan en Saltillo. Ahora se conoce una denuncia por este delito relacionada con una propiedad valuada en más de 8 millones de pesos, ubicada en el fraccionamiento San Alberto, uno de los más lujosos de la ciudad.
Raymundo adquirió el inmueble en el 2001, y desde entonces lo empezó a rentar a ejecutivos de empresas que llegan a la Región Sureste; sin embargo, aprovechando la pandemia, la probable responsable y su esposo se introdujeron en el domicilio, amueblado pero deshabitado en ese momento, relataron sus abogados.
“En los primeros días del mes de abril del 2020, cuando había restricciones por la pandemia de COVID-19, la pareja aprovechó para ingresar al fraccionamiento, privado y con vigilancia, para vivir en la casa de la calle Coyoacán sin que el dueño en ese momento fuera informado o se percatara, debido a que por ser una persona vulnerable ante el virus se aisló durante la pandemia”, detallaron.
El propietario se dio cuenta de la invasión dos meses después a través de vecinos y comenzó a emprender acciones legales, apuntaron sus asesores. No obstante, tras dos años, Raymundo no ha logrado el desalojo de esta persona, a pesar de acreditar con documentación la propiedad de la vivienda —aseguraron los abogados—.
Una vez que las restricciones por la pandemia permitieron al propietario salir de su casa, en donde se encontraba aislado, se entrevistó con los administradores del fraccionamiento San Alberto para saber cómo fue que esta pareja ingresó a su inmueble.
“Me respondieron que se ostentaron como nuevos dueños, aunque no presentaron documentos, y que intimidaron al personal de seguridad y administración”, recordó Raymundo.
El Ministerio Público que lleva el caso, mantiene una medida sobre el inmueble para que en el Registro Público de la Propiedad no pueda realizarse ningún trámite, en tanto se resuelve la denuncia por probable despojo.
“El propietario tiene la escritura en regla, la libertad de gravamen, los recibos del pago del predial y también los recibos de pago de cuotas de mantenimiento en el fraccionamiento”, agregaron los abogados.
Raymundo y sus asesores tienen dos hipótesis sobre cómo es que la pareja se hizo de la propiedad: una es que una empresa de Monterrey, dedicada al remate de bienes en proceso de embargo, se las vendió; y otra es que existe un contrato verbal por 2.8 millones de pesos con una persona de nombre Javier Delgado, a quien nadie conoce y no ha podido ser ubicado por las autoridades.
Además de la acción penal, informaron que también se interpuso un recurso por la vía civil tendiente a recuperar la posesión del inmueble.
“Esta acción también ha sido dilatada por las múltiples artimañas y promociones frívolas intentadas por Lizeth, tendientes a entorpecer el proceso, en clara colusión con algunos funcionarios inmiscuidos”, manifestaron.
En Saltillo, los casos de despojo son una constante. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros dos meses de 2023, en la ciudad se abrieron ocho carpetas de investigación por este probable delito, mientras que en 2022 fueron siete en el mismo periodo.
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